El Gobierno de España ha decidido frenar la aplicación de la ley de Vivienda en Cataluña, lo que ha generado un impasse en las aspiraciones de la Generalitat de implementarla a partir de este mes de septiembre. Esta decisión se tomó después de una extensa reunión de más de cuatro horas entre la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
El principal motivo detrás de esta suspensión es la falta de acuerdo en la validación de la memoria de los 140 municipios catalanes que el Govern había declarado como zonas tensionadas debido al mercado residencial. El Gobierno central ha establecido que no otorgará su visto bueno hasta que se elabore un índice de referencia de los precios del alquiler que sea homogéneo en toda España.
La Generalitat había elaborado previamente su propio índice de referencia para la ley catalana de vivienda, aprobada en 2020, pero que fue rechazada por el Tribunal Constitucional en marzo de 2022. Ahora, el Gobierno central insiste en que este índice debe ser uniforme en todo el país, lo que ha generado desacuerdo en las negociaciones.
El Gobierno detiene la Ley de Vivienda en Cataluña debido a la falta de acuerdo en la validación de la memoria de los 140 municipios catalanes que el Govern había declarado como zonas tensionadas debido al mercado residencial
A pesar de este revés en el ámbito de la vivienda, ambas partes sí han alcanzado acuerdos en otros temas, como la red ferroviaria de Rodalies y las inversiones en infraestructuras. La consejera Capella ha destacado la voluntad de ambas partes para llegar a acuerdos en otros asuntos, aunque la cuestión de la vivienda sigue sin resolverse.
La ley de Vivienda, aprobada en mayo, busca establecer límites a las subidas de los precios de alquiler y se basa en un índice de referencia de los precios del alquiler, diferente al IPC, a partir de 2025. La Generalitat defiende su índice catalán, mientras que el Gobierno central busca una solución homogénea para toda España. No se ha establecido un plazo concreto para la elaboración de este índice de referencia.
El Sindicato de Inquilinos ha reaccionado con indignación ante la suspensión de la aplicación de la regulación y ha instado a los partidos a no considerar la investidura de Pedro Sánchez hasta que se aplique la ley de Vivienda en Cataluña. La incertidumbre persiste en torno a este importante tema.