Cataluña se prepara para limitar los precios del alquiler en 140 municipios a partir de febrero, según ha anunciado recientemente el gobierno autonómico. La medida, que forma parte de la ley estatal del Derecho a la Vivienda, de la que ya hablamos en este artículo, aprobada hace casi ocho meses, busca poner freno a las tensiones en el mercado residencial catalán.
La Generalitat de Cataluña, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, ha desencallado las negociaciones para poner en marcha la regulación que establecerá rentas máximas de alquiler en las áreas donde la demanda supera con creces la oferta. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori, Ester Capella, se comprometieron en una reunión a publicar en febrero tanto la lista de las zonas tensionadas como el índice de precios de referencia.
Cataluña se distingue como la única comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación de la contención de rentas de alquiler, de acuerdo con lo establecido en la ley estatal. Después de meses de espera y acusaciones de retraso injustificado, la nueva ministra, Isabel Rodríguez, ha tomado la iniciativa para desbloquear la situación y cumplir con los compromisos establecidos en la normativa.
En las próximas semanas, se completarán los trabajos técnicos entre ambas administraciones para determinar el «sistema de índices a aplicar» a los precios de alquiler. La publicación de la memoria y la declaración de zonas tensionadas de los 140 municipios, junto con los índices correspondientes, está programada para febrero, marcando un hito clave en la aplicación de la ley de contención de rentas en Cataluña.
La elaboración del índice de precios de referencia es un aspecto crucial de esta regulación. Aunque el Gobierno aboga por un índice homogéneo para toda España, Cataluña mantendrá su propio índice en los 140 municipios considerados zonas tensionadas, donde reside aproximadamente el 80% de la población catalana.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por parte del sector inmobiliario, que teme que la regulación reduzca la oferta, ya mermada, y ejerza presión al alza sobre unos precios ya elevados. Mientras tanto, el Sindicat de Llogateres, que aboga por la limitación de precios, considera que estas medidas llegan tarde y espera examinar los detalles antes de celebrar el acuerdo.